Fotografía Juan Carlos A. Paesani - Palacio de Tribunales I de la Ciudad de Córdoba - Septiembre de 2009Repensar el fuero del trabajo
En el replanteo no sólo deben participar los poderes públicos, sino también expertos y actores sociales como sindicatos, cámaras empresariales y sectores profesionales.
Por César Arese.
Por César Arese.
Doctor en derecho y profesor de derecho del trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba
En 2006 ingresaron al fuero laboral de Córdoba 16.594 causas; en 2007, 18.806; en 2008, 23.870 y este año se proyectan unas 27.500, según se aprecia en el Sistema de Administración de Causas (SAC).
Los juicios por incapacidades laborales se incrementaron en un mil por ciento en esos tres años y significan la mitad del todas las causas. Los motivos de esa explosión, son la evidente conflictividad y fractura social y la inexistencia de un sistema integral de tratamiento de controversias laborales, primero para prevenirlas y evitarlas; luego para que pasen por la autocomposición y su conciliación administrativa y judicial y, finalmente, por la resolución judicial.
También, hay que anotar la crisis económica, la judicialización directa e instantánea de controversias y, fundamentalmente, los efectos de la Ley de Riesgos de Trabajo, reiteradamente cuestionada por la Corte Suprema y que no termina de modificarse. No es bueno que existan tantas controversias pero, de existir, tampoco es saludable para los trabajadores su “pretorización” instantánea porque se mediatizan sus derechos y, en muchos casos, deben afrontar gastos directos o indirectos que salen de sus créditos.
De otro lado, es obvio que el principal enemigo de la calidad y oportunidad de respuesta de cualquier proceso judicial es la masividad. Todo proceso laboral lento o trabado deja atrás su objeto de controversia, las prestaciones siempre urgentes de los trabajadores, se “civiliza” y se convierte en un juicio más de contenido económico.
Un activismo judicial.
La Justicia del Trabajo de Córdoba es la tercera en importancia del país y se caracteriza por presentar una larga y rica tradición de proceso conciliatorio y de actuación oral, pública y concentrada para lograr la celeridad en el dictado de la sentencia. Ese modelo seguido por otras provincias y reconocido en otros países, se aparta del vetusto sistema escrito y de doble instancia del fuero nacional.
Se desarrolla en dos etapas. Ante un juzgado de Conciliación que procesa la tentativa de un acuerdo y la instrucción de la prueba y ante la Cámara de Trabajo que realiza la vista oral y pública de la causa y dicta la sentencia. El sistema conciliatorio y oral elegido es fuertemente publicista. El juez debe mostrarse y los obreros actores y empleadores demandados pueden conocerlo personalmente y participar en forma directa en la conciliación.
La presencia física y activa del juez y funcionarios es fatigante, pero otorga democraticidad y transparencia a la acción de la Justicia. Se exige involucramiento del tribunal en recibir y oír a las partes, especialmente los trabajadores y ofrecerles alternativas conciliatorios o, en su caso, resolutorias. La conciliación y la oralidad procesal permiten también que las partes dialoguen. Parece poco, pero es importante para la resolución de las causas si el juzgado resguarda al mismo tiempo el orden público laboral irrenunciable.
Sólo llegan a sentencia un tercio de las causas. El resto se concilia, pero en menor medida también se “desiste” lo que escapa al examen administrativo o judicial y puede encubrir acuerdos perjudiciales para los trabajadores. El fenómeno ha crecido últimamente y es inadmisible.
Algunas ideas.
Las causas laborales alimentarias deben obtener sentencia en cinco o seis meses como ocurre en España, Francia o Brasil. Sin embargo, los juicios no conciliados demoran, en promedio, no menos de un año hasta el dictado de sentencia. Se debe esencialmente a la imposibilidad de atender la avalancha de juicios, el dispendio probatorio, en muchas oportunidades inducido interesadamente, en otras tolerado y permitido por el mismo sistema y las fragmentaciones del proceso.
La audiencia de vista pública de causa y el dictado de la sentencia se producen, en una media estimativa, en dos o tres meses de receptado el expediente en la Cámara Laboral. Es de acotar que todos los juicios deben resolverse ya que no existe la perención de instancia, la prescripción o el archivo.
Ello se logró en buena medida con la “unipersonalización” de los tribunales de sentencia, un sistema criticado al comienzo y luego aceptado por su evidente celeridad. El retorno completo al sistema colegiado significaría frenar su actividad y atrasar el reloj judicial a la época en que los juicios descansaban varios años esperando sentencia.
Parte de las demoras pueden corregirse con la vuelta al tradicional y respetada actuación de la autoridad administrativa. También con la ampliación del sistema conciliatorio practicado profesionalmente y con infraestructura adecuada de salas especiales hoy inexistentes, el sistema de juicios monitorios y de plazos abreviados, la eliminación etapas y pruebas innecesarias ofrecidas sólo para demorar el proceso, la creación de cuerpos de peritos, la concentración de testimoniales y alegatos, en síntesis, la concentración del proceso.
Finalmente se encuentra la instancia recursiva ante el Tribunal Superior de Justicia, hoy abarrotado y demorado por miles de causas laborales elevadas para su resolución. Una idea a debatir es que este tribunal se centralizare en asuntos de importancia trascendental que han motivado debate judicial y en pronunciar la última palabra en temas cumbre que orienten las decisiones de los tribunales inferiores.
Lo demás, puede ser competencia de un tribunal de casación especializado en causas laborales. En conclusión, frente a las condiciones de emergencia enunciadas, mientras se esperan las modificaciones de fondo dependientes en buena parte del Gobierno Nacional, es momento de repensar el fuero del trabajo por los poderes públicos con participación de expertos y de actores sociales como sindicatos, cámaras empresarias y sectores profesionales.
FUENTE: La Voz del Interior 17/09/09
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