AUTOR. CÉSAR ARESE
DOCTOR EN DERECHO
PROFESOR DE DERECHO DEL TRABAJO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
La Voz del Interior, 30/04/2008Sección: Opinión. Página A12.
Estado de la clase obrera
El hoy festivo Día del Trabajador resulta útil para realizar, parafraseando el título de la conocida obra de Juan Bialet Massé, un breve balance del estado de la clase obrera argentina a comienzos del siglo 21.
César Arese. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho del Trabajo (Universidad Nacional de Córdoba)
El que fuera un día de reivindicación obrera por recordar la represión de Chicago de 1886, el hoy festivo Día del Trabajador, resulta útil para realizar, parafraseando el título de la conocida obra de Juan Bialet Massé, un breve balance del estado de la clase obrera argentina a comienzos de siglo.
Los de 1990 fueron años de regulación flexibilizadora a través de un nutrido grupo de leyes, varias avaladas por expresiones confederales del movimiento obrero. También fue el lapso de la crisis de desocupación que devoró a un cuarto de la masa laboral. Se agregó la parálisis de la negociación colectiva progresiva y su reemplazo por los procedimientos de crisis. La década se cerró tardíamente con la fractura de 2001 golpeando a los trabajadores con mucho mayor vigor que a otros sectores sociales, a pesar de que por entonces parecían hacer más ruido quienes tenían depósitos "acorralados".
Una primera evaluación actual indica que ha crecido el tradicional tono protector de la legislación, ya que se revisaron algunas instituciones esenciales como el régimen de despido y, por un lustro (2002/7), estuvieron suspendidos los despidos sin causa con el propósito de atemperar la crisis social. La desocupación plena descendió a alrededor del ocho por ciento anual (aunque siempre acompañada por un subempleo del 10 por ciento). Ayudados por medidas oficiales de emergencia salarial, los sindicatos quintuplicaron en un lustro la negociación colectiva hasta alcanzar en 2007 un total de 1.027 acuerdos y convenios colectivos homologados, un indicador de avances concretos a nivel salarial.
Con estos datos positivos, los sindicatos parecen acordar o consentir la actual política oficial de ingresos. El Gobierno estableció en ese punto la contradicción nuclear con el sector agropecuario, sin explicitar avances sobre la forma en que los trabajadores llegarán en algún momento histórico a incrementar y garantizar una participación estable y razonable o justa en el total de ingresos de la economía. Ello sigue dependiendo del esperado efecto derrame económico que muchos ya advierten, inflación mediante, ha dejado de caer para el lado laboral.
Ese debate que se debe la sociedad argentina depende más de un serio y completo acuerdo histórico de reintegración y avance social que de anuncios oficiales cuya claridad política concreta no se advierte. Mientras tanto, continúa fuera del mundo formal un 42 por ciento de trabajadores no registrados y las negociaciones colectivas raramente ingresan a la revisión y modificación de reglas sobre condiciones de trabajo para adaptarlas a las condiciones cambiantes de la producción y retomar su calidad progresista.
Democracia y libertad sindical
Este año se cumplen dos décadas de la Ley de Asociaciones Sindicales vigente. El formato de personería gremial única otorgado al sindicato más representativo ha modelado el sistema sindical. Ciertamente, tiene sus virtudes: otorga seguridad y estabilidad jurídica al sistema; concentra y unifica la voluntad colectiva; ha contribuido a conformar un andamiaje de negociación colectiva complejo y sostenido en el tiempo y hasta permite participar a los sindicatos en el sistema de seguridad social mediante las obras sociales.
A pesar de las prohibiciones dictatoriales o las desregulaciones normativas, del descreimiento institucional y el desprestigio que enuncian algunos estudios, el sindicalismo argentino mantiene una alta tasa de afiliación del 38 por ciento de los trabajadores. Para dar una idea de esa implantación sindical, es de remarcar que Francia y España ostentan un 10 por ciento; Alemania, Portugal, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Austria entre 20 y 30 por ciento e Italia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Suecia superan el 60 por ciento. Claro que estos sindicatos no administran obras sociales semipúblicas como en Argentina.
De otro lado, la dirigencia sindical es casi la misma que respaldó la puesta en vigencia de aquella norma en 1988. Pueden enunciarse variadas hipótesis para el fenómeno: se trata de dirigentes expertos y conocedores del oficio y son ratificados por las bases; es indiferente para los trabajadores su continuidad; no existen posibilidades de renovación de cúpulas por la implantación de mecanismos económicos y jurídicos para la perpetuación.
Como sea la respuesta, el diseño sindical argentino está siendo motivo de discusión. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha observado media docena de pautas de esa ley contrarias a la libertad sindical, un sector minoritario de sindicatos objeta las restricciones a la libertad sindical y gremialistas y expertos señalan la necesidad de la revisión de las reglas de funcionamiento interno de los gremios para su democratización.
Es un examen que no muchos desean encarar. El propio Gobierno navega en una notoria ambigüedad al respecto. Es que se afectan intereses de todo orden y la intervención en la vida interna sindical genera fuertes antídotos por la injerencia nociva que el Estado ha protagonizado en variadas etapas institucionales.
Sin embargo, este escrutinio, y fundamentalmente como autoexamen sindical, tiene razón de ser en tanto los sindicatos argentinos son uno de los estamentos centrales de la sociedad democrática, participan en la generación de leyes profesionales (los convenios colectivos), tienen ingresos obligatorios inclusive para los no afiliados y poseen un fuerte reconocimiento y protección legal. Su salud institucional, su representatividad, el respeto y la participación de los trabajadores, la democracia interna como valor impuesto constitucionalmente en el artículo 14 bis, también dependen de estos debates.
Salud y trabajo
El primer día de mayo aparece comprendido dentro de la "Semana Argentina de de la Salud y la Seguridad en el Trabajo". Aquí hay poco que festejar. Si bien hubo avances en materia de atención a las víctimas de siniestros laborales e incremento del personal registrado en el sistema, en el período 2002/06 casi se duplicó la cantidad de accidentes y enfermedades laborales registrados estadísticamente (344 mil a 635 mil). En 2006 hubo 995 muertes por accidentes laborales dentro del espectro registrado. De estos temas poco se habla.
La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de varias instituciones esenciales de la Ley de Riesgos de Trabajo de 1995, completando un descalabro que anunciaba la doctrina en forma casi unánime. Pese a que existen varios proyectos de ley para reemplazarla, se sigue demorando oficialmente la sanción de un régimen laboral completo de prevención y asistencia en caso de siniestros de trabajo.
Mientras tanto, algunos sindicatos han comenzado en Córdoba a asumir por sí mismos la tarea de reducir ese tributo confiscatorio de vidas a la producción de bienes y servicios. Retomaron una idea instalada hace décadas en muchos sindicatos europeos: "La salud no se negocia ni se delega" cuando, como dice la OIT, está en juego "mi vida, mi trabajo, mi trabajo en seguridad", según el título del cruel informe sobre la cuestión en el mundo (2,2 millones de muertes laborales por año).
En realidad, este intento de recuento de asuntos laborales debió comenzar por el tema de la preservación de la vida y de la salud en el trabajo. Después de todo, el 1° de Mayo homenajea al hombre que hace del trabajo no el fin de vida, sino su decente medio de vida.
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http://www.unc.edu.ar/institucional/dossier/2008/abril/dossier-de-prensa-miercoles-30-de-abril-de-2008
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